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De la que nos libramos los dominicanos



Por: Miguel Franjul

Es una perfecta cadena de trampas en las que, por fortuna, el país se salvó de caer. Bajo una cándida retórica humanista se deslizaban las líneas de un nuevo modelo de injerencia y de imposición de medidas para dar acogida a los refugiados, creando inclusive campamentos y programas para darles empleo, servicios públicos y la regularización de su estatus como tales en nuestro territorio.

Es, a grandes rasgos, la síntesis del llamado Pacto Mundial sobre Refugiados, impulsado por las Naciones Unidas, al cual no se adherirá la República Dominicana siguiendo la línea coherente en la defensa de principios constitucionales y soberanos y de nuestras leyes migratorias.

Ese Pacto Mundial sobre Refugiados es la criatura gemela del Pacto Mundial Migratorio, mutuamente conectados por unos mecanismos y propósitos que resultan lesivos, de forma y fondo, a la soberanía de nuestro país, razón en la que se ha basado el gobierno para rehusar su suscripción.

Ya el Estado dominicano dejó establecido, frente al pacto migratorio que no suscribió, que la adopción de los compromisos internacionales que aquel entrañaba “podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de estas normas exige”.

En el caso del nuevo pacto sobre refugiados que la Organización de las Naciones Unidas promueve entre sus miembros, este plantea abiertamente un mecanismo para “la distribución de la carga” de los refugiados entre países y organizaciones en los territorios de acogida, creando fuentes de empleo e infraestructuras y una red de ciudades y municipalidades para sostener los futuros asentamientos.

El pacto manda que “cuando llegan grandes cantidades de personas los países y las comunidades de acogida hacen todo lo posible para aumentar los mecanismos de recepción. El ACNUR...desplegará recursos y pericia para asistir con los registros y la identificación inicial de necesidades específicas, incluyendo la de los niños no acompañados”.

El ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados, asumiría en los hechos el papel de rector de las políticas de salud, empleo, educación, metiendo sus narices en los procedimientos del registro civil y en la organización, montaje y mantenimiento de “los campamentos” para los refugiados.

El esquema diseñado por la ONU otorga al ACNUR una especie de cheque en blanco para trazar las pautas de cómo manejar y dar repuestas a las necesidades de los refugiados, por encima prácticamente de las capacidades, recursos y voluntades del país de acogida, apelando incluso a la intervención de otros países y entidades privadas en la aplicación “in situ” de sus recomendaciones.

Tomando en cuenta que refugiado es, según la definición de la ONU, toda persona que se encuentra fuera del país de donde es originario o bien donde reside habitualmente, por distintas razones, la sola suscripción del pacto por parte de nuestro país implicaría aceptar y acoger, brindándoles todo el apoyo que necesiten para llevar una vida digna, a todos los haitianos que entren legal o ilegalmente a nuestro territorio, maniatando la capacidad del Estado para la aplicación de las leyes migratorias nacionales.

Enhorabuena, entonces, la decisión de República Dominicana de no suscribirlo. Y tampoco de asumirlo, pese a todas las presiones internacionales que se desencadenen para imponérnoslo como una política marco de nuestro ordenamiento legal.



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