El Tribunal de Justicia de la Unión Europea encara este miércoles un caso espinoso, el proceso contra Polonia, Hungría y la República Checa por su negativa a acoger refugiados en 2015.
Fue en plena crisis migratoria, cuando una multitud desesperada, que huían de la guerra y el hambre, llamaba a las puertas de Europa. Un millón de personas solicitaron asilo ese año.
La crisis estuvo a punto de hacer saltar las costuras de la UE. Los Veintiocho optaron por una solución de compromiso, repartirse la carga, a través de un régimen de cuotas.
"Nos hemos puesto de acuerdo (...) para que 40.000 personas sean reubicadas y que 20.000 personas sean reinstaladas. Que se haga de forma obligatoria o voluntaria, no importa mucho", decía por aquel entonces el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker.
Pero sí importó. Se establecieron cuotas obligatorias, lo que llevó al primer ministro húngaro, Víctor Orbán, a acusar a Bruselas de chantaje contra los estados miembros.
"Prometo que mientras yo sea el primer ministro de Hungría, la valla fronteriza a lo largo de la frontera sur se mantendrá -dijo desafiante Orbán-. Mientras el Fidesz y los demócratacristianos gobiernen Hungría, el gobierno no cederá ante los chantajes de Bruselas y rechazará aceptar las cuotas obligatorias de inmigrantes".
El primer ministro húngaro no fue el único. Los Gobiernos de Polonia y la República Checa también se negaron a recibir a su cuota de migrantes. En realidad, ningún país comunitario llegó a cumplir plenamente sus compromisos, pero la cerrazón de de polacos, checos y húngaros colmó la paciencia de Bruselas, que expedientó a los tres países y los envió ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Cuatro años después, la corte comunitaria tiene entre las manos la misión de pronunciarse en este asunto delicado, que más allá de la crisis de los migrantes, cuestiona el principio mismo de solidaridad entre los países comunitarios.
Video:
https://www.imparcialrd.do
%206.45.20%20p.m..png)
