Santo Domingo.- El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana en el acto de apertura del Seminario Internacional: Territorialización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe: Desafíos de Política.
Santana afirmó que los dominicanos nos sentimos jubilosos de recibir visitas, y mucho más cuando se trata de la visita de nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños. Así que siéntanse como en su casa, disfruten de la alegría y hospitalidad de nuestra gente, y ojalá les alcance el tiempo para también disfrutar de nuestras playas y nuestras verdes montañas.
En los últimos años República Dominicana viene exhibiendo un desempeño económico envidiable, que nos coloca, casi sistemáticamente, entre las primeras posiciones del continente en cuanto a la tasa de crecimiento del producto. Incluso en el primer semestre del presente año se ha registrado un crecimiento de 6.7%, lo cual anticipa que al finalizar el año el país continuará situándose entre los líderes de crecimiento de América Latina. Y esto lo venimos logrando, además, en un contexto de gran estabilidad macroeconómica.
Mantener ese crecimiento, esa estabilidad y los condicionantes que han posibilitado que los inversionistas, los mercados y los agentes económicos en general confíen en nuestro manejo y nuestro futuro, es un gran reto que tenemos por delante. Pero no podemos sentirnos satisfechos. Un segundo reto, quizás el más importante, es lograr que el crecimiento sea inclusivo y se traduzca en mejores condiciones de vida para los menos favorecidos; esto es, crear un país más cohesionado.
Ciertamente, al igual que con la tasa de crecimiento del PIB, podemos exhibir una notable reducción de la pobreza en los años recientes. Tras el enorme retroceso que se generó con la crisis bancaria que experimentamos en el 2003, que elevó el porcentaje de personas en condición de pobreza de 32% en 2002 a más de 49% en 2004, y tras un largo período de precarios progresos, a partir de 2013 se ha logrado acelerar el ritmo de disminución de la pobreza; en ese año el porcentaje de población pobre se situaba en 40% y para 2017 se había reducido a 25.5%.
Estos positivos resultados no nos resultan, sin embargo, totalmente satisfactorios. Que un país que exhibe por tan largo período un envidiable crecimiento y que todavía una cuarta parte de su población sea pobre, no es algo para celebrar. Pero, además, los progresos logrados a lo largo de nuestra historia no han conseguido superar la fuerte desigualdad que se observa en la distribución regional de los frutos del desarrollo: entre la región con mayor incidencia de la pobreza, la de Enriquillo en la frontera sur, y el Cibao Nordeste, hay una diferencia de tres a uno en el porcentaje de pobres.
La constatación de estas desigualdades regionales, como dije, de larga data, fue lo que motivó que en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 se incluyese un objetivo general enfocado en la cohesión territorial. Para el logro de ese objetivo general se formularon tres objetivos específicos: 1. Integrar la dimensión de la cohesión territorial en el diseño y la gestión de las políticas públicas; 2. Reducir la disparidad urbano-rural e interregional en el acceso a servicios y oportunidades económicas, mediante la promoción de un desarrollo territorial ordenado e inclusivo; y 3. Promover el desarrollo de la zona fronteriza, tradicionalmente la más pobre del país.
Para impulsar el logro de esos objetivos, en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hemos trabajado y llevado al seno del Congreso de la República dos piezas legislativas requeridas por la Constitución y por la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. La primera de ellas es la Ley de Regiones Únicas de Planificación, la cual tiene como objetivo establecer una delimitación regional para el trabajo de las instituciones públicas, con lo que se espera facilitar el trabajo de coordinación a nivel regional.
La segunda es la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, que busca el estableciendo de un marco regulatorio que incida en un mejor uso de los suelos, que tome en consideración el cambio climático, los desequilibrios sociales y las desigualdades territoriales. Ambas iniciativas se encuentran en el Congreso de la nación y esperamos que se alcancen los consensos para que sean aprobadas.
La cohesión territorial tiene que ser construida participativamente y concretarse en igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios básicos y la infraestructura. Igualación de las oportunidades dentro de las ciudades, entre zonas urbanas y rurales, entre pequeños asentamientos rurales, ciudades pequeñas, intermedias y grandes. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda por el mero lugar donde vivan o hayan nacido.
En el esfuerzo por disminuir las desigualdades geográficas de condiciones de vida y oportunidades, queremos destacar la atención especial que ha venido prestando nuestro presidente Danilo Medina al área rural, atención plasmada en las visitas sorpresa de los fines de semana. Si bien son múltiples los apoyos brindados a los pobladores rurales a través de esta actividad presidencial, creo que hay un componente a ser destacado: el fomento sistemático a la asociatividad de los pequeños productores.
En una primera instancia, estas formas asociativas permiten superar algunas de las restricciones tradicionales del campesinado, como la escasa capitalización, el acceso al crédito o el depender agudamente del sector intermediario. Pero más allá de esos progresos, el fortalecimiento de una cultura de asociatividad puede dar lugar a compromisos más amplios de los productores, ya no solo con su producción en particular, sino con su municipio, su provincia y su región. La asociatividad fortalece, a su vez, la participación ciudadana, y esta es componente esencial de la planificación territorial.
Al esfuerzo por impulsar el ordenamiento del territorio nacional se añade ahora, tras los compromisos asumidos en los ODS, la responsabilidad de impulsar el ordenamiento de los espacios urbanos. Las ciudades dominicanas enfrentan desafíos derivados de su acelerado y poco planificado crecimiento. Fenómenos como la desigualdad social, el manejo insostenible de los recursos naturales, los asentamientos vulnerables, la dificultad de brindar servicios básicos adecuados en espacios no planificados, entre otros, platean una serie de retos para las ciudades del país.
El eslogan de los ODS que nadie se quede atrás aplica en todos los ámbitos, no solo en el social, sino también atendiendo a sexo, grupos vulnerables, grupos étnicos; muy particularmente aplica al ámbito espacial, en el cual confluyen todos los demás.
Ese es el más grande reto que todavía nos falta por enfrentar. En adición a la ancestral escasa capacidad fiscal para invertir en infraestructura pública, en la República Dominicana siempre ha existido una gran concentración geográfica de las inversiones públicas, principalmente en favor de la ciudad de Santo Domingo. Eso deja muy poco para los demás. A pesar de la diferencia que hace la marcada vocación de nuestro actual Presidente por visitar y atender requerimientos de pueblos y campos, todavía hay ciudades y provincias enteras que sienten la triste percepción de que el Estado no es para ellos.
Ciertamente, el nivel de inversión y gasto requerido para que nadie se quede atrás está por encima de las capacidades actuales del presupuesto nacional. Por ello, algunas iniciativas planteadas en la END todavía están pendientes, como la de establecer un fondo de cohesión territorial para promover el cofinanciamiento entre gobierno central y gobiernos locales de proyectos de inversión, con énfasis en los municipios más deprimidos.
Y es que impulsar un proceso integral de desarrollo va a requerir de reformas estructurales. En República Dominicana, como en América Latina, hay un círculo vicioso que estorba nuestras posibilidades de superar el subdesarrollo: pobreza-desigualdad-insuficiente gasto público-baja carga tributaria-desconfianza en las instituciones.
Es por ello por lo que creo que en nuestro país la gobernabilidad política y la estabilidad macroeconómica de los próximos años estarán supeditadas a que la sociedad logre un pacto social que le allegue al gobierno los recursos suficientes para impulsar un desarrollo integral e inclusivo, asegurando que los mismos son utilizados de la manera más eficiente y transparente.
Desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo apostamos, pues, al fortalecimiento de la planificación regional; esta mirada más cercana al territorio permitirá alcanzar resultados efectivos para garantizar una mejora sustancial de la calidad de vida de cada ciudadano, sin importar el lugar donde resida y sin que nadie se quede atrás.
Raul García Buchaga, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Javier Abugattás, Presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú.
Lorenzo Jiménez de Luis, Representante residente del Sistema de Naciones Unidas en la República Dominicana
Señora Cielo Morales, Directora del ILPES
Señores Ministros, viceministros y directores generales que nos visitan
En mi condición de Ministro del Gobierno Dominicano, mis primeras palabras son para saludar y dar la bienvenida a nuestro país a todas las autoridades, visitantes y asistentes a este Seminario Internacional sobre la territorialización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, coincidiendo con la celebración en nuestro país de la Vigesimoséptima Reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación, del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).
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