Por:
Miguel Franjul
Es
una perfecta cadena de trampas en las que, por fortuna, el país se salvó de
caer. Bajo una cándida retórica humanista se deslizaban las líneas de un nuevo
modelo de injerencia y de imposición de medidas para dar acogida a los
refugiados, creando inclusive campamentos y programas para darles empleo,
servicios públicos y la regularización de su estatus como tales en nuestro
territorio.
Es,
a grandes rasgos, la síntesis del llamado Pacto Mundial sobre Refugiados,
impulsado por las Naciones Unidas, al cual no se adherirá la República
Dominicana siguiendo la línea coherente en la defensa de principios
constitucionales y soberanos y de nuestras leyes migratorias.
Ese
Pacto Mundial sobre Refugiados es la criatura gemela del Pacto Mundial
Migratorio, mutuamente conectados por unos mecanismos y propósitos que resultan
lesivos, de forma y fondo, a la soberanía de nuestro país, razón en la que se
ha basado el gobierno para rehusar su suscripción.
Ya
el Estado dominicano dejó establecido, frente al pacto migratorio que no
suscribió, que la adopción de los compromisos internacionales que aquel
entrañaba “podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias
e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de
estas normas exige”.
En
el caso del nuevo pacto sobre refugiados que la Organización de las Naciones
Unidas promueve entre sus miembros, este plantea abiertamente un mecanismo para
“la distribución de la carga” de los refugiados entre países y organizaciones
en los territorios de acogida, creando fuentes de empleo e infraestructuras y
una red de ciudades y municipalidades para sostener los futuros asentamientos.
El
pacto manda que “cuando llegan grandes cantidades de personas los países y las
comunidades de acogida hacen todo lo posible para aumentar los mecanismos de
recepción. El ACNUR...desplegará recursos y pericia para asistir con los
registros y la identificación inicial de necesidades específicas, incluyendo la
de los niños no acompañados”.
El
ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados, asumiría en los hechos
el papel de rector de las políticas de salud, empleo, educación, metiendo sus
narices en los procedimientos del registro civil y en la organización, montaje
y mantenimiento de “los campamentos” para los refugiados.
El
esquema diseñado por la ONU otorga al ACNUR una especie de cheque en blanco
para trazar las pautas de cómo manejar y dar repuestas a las necesidades de los
refugiados, por encima prácticamente de las capacidades, recursos y voluntades
del país de acogida, apelando incluso a la intervención de otros países y
entidades privadas en la aplicación “in situ” de sus recomendaciones.
Tomando
en cuenta que refugiado es, según la definición de la ONU, toda persona que se
encuentra fuera del país de donde es originario o bien donde reside
habitualmente, por distintas razones, la sola suscripción del pacto por parte
de nuestro país implicaría aceptar y acoger, brindándoles todo el apoyo que
necesiten para llevar una vida digna, a todos los haitianos que entren legal o
ilegalmente a nuestro territorio, maniatando la capacidad del Estado para la
aplicación de las leyes migratorias nacionales.
Enhorabuena,
entonces, la decisión de República Dominicana de no suscribirlo. Y tampoco de
asumirlo, pese a todas las presiones internacionales que se desencadenen para
imponérnoslo como una política marco de nuestro ordenamiento legal.
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