Expertos en Derecho Constitucional y representantes de medios de comunicación deploraron ayer que legisladores del país aprueben normas que sancionan con penas de hasta 10 años de reclusión a periodistas y ciudadanos que sean acusados por difamación e injuria contra políticos y partidos, como establece la Ley de Régimen Electoral.
El magistrado del Tribunal Constitucional, Lino Vásquez Samnuel; el presidente de la Fundación Prensa y Derecho, Namphi Rodríguez; el director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, y el director del periódico Nuevo Diario, Persio Maldonado, expresaron su preocupación en ese sentido.
También, Adriano de la Cruz , presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), y el el productor de los Servicios Informativos de Telesistema canal 11, Roberto Cavada.
“Se tratata de la expansión del populismo penal”, manifestaron, durante las conclusiones del panel “Libertad de Expresión, Redes Sociales y Partidos Políticos”, auspiciado por Finjus) y la Fundación Prensa y Derecho.
“Hay una concepción del Derecho Penal del enemigo y ese enemigo es el periodista y el ciudadano”, dijo Vásquez Samuel al intervenir en el panel.
Consideró que las sanciones de tipo penal producen en los ciudadanos “preocupación” que les llevan a inhibirse frente al poder.
Namphi Rodríguez definió como peligroso la tendencia de que el poder público quiera decir la última palabra para establecer una verdad irrefutable.
Consideró que la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0092/19 representa precedente para los legisladores quienes tendrán que considerar redes sociales como Twitter y Facebook como espacio públicos de debate democrático.
Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus, dijo que a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre redes sociales y partidos políticos, en el país se ha instaldo un nuevo paradigma para el debate.
Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, consideró que sanciones como las que establecen las leyes de 33-18, de Partidos Políticos, y 15-19, de Régimen Electoral, representan intentos de los legisladores para evitar que los ciudadanos se expresen por las redes sociales.
Adriano de la Cruz, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), defendió el derecho de los informadores a hacer denuncias contra la corrupción y la represión.
Roberto Cavada, presentador de televisión y uno de los líderes más incluyentes en redes sociales, dijo que hay que ver los nuevos medios como una oportunidad de educar para elevar el debate público. “No deben ser los legisladores, debe ser el público el que descarte a quienes no debaten con ideas, sino con ofensas”, dijo.
UN APUNTE
Cónclave
Juristas y comunicadores hablaron durante la presentación de las conclusiones del panel “Libertad de Expresión, Redes Sociales y Partidos Políticos”, auspiciado por Finjus y la Fundación Prensa y Derecho, ayer.
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