La responsable de velar por las garantías fundamentales en todo el mundo ha indicado estar en “permanente comunicación” con el Gobierno de Nicaragua donde, ha asegurado, el espacio cívico sigue reducido significativamente mediante restricciones a la libertad de expresión y el derecho de asociación.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha presentado este martes en Ginebra su informe sobre la situación de estas garantías fundamentales en Nicaragua.
El informe describe un panorama de intensa represión del Gobierno a la oposición, así como una impunidad generalizada por las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones que comenzaron desde abril en 2018.
“Sin embargo, desde que se reanudó el diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a finales de febrero de 2019, el número de violaciones contra la vida y la integridad personal ha disminuido, prueba de que la concertación es un camino posible y una vía pacífica para superar la crisis”, destacó Michelle Bachelet.
Ahora bien, para Bachelet resulta preocupante que, en el momento de finalizar el informe, su Oficina haya recibido información corroborada sobre homicidios e intentos de homicidio que tuvieron lugar en su mayoría en el departamento de Jinotega y en la respectiva zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua, entre junio y julio de 2019.
En al menos tres casos, se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018.
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