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España se compromete a llevar adelante el 91% de las recomendaciones para mejorar en derechos humanos



Ante el Consejo de Derechos Humanos, España ha aceptado, entre otras recomendaciones, revisar el delito de injurias contra la corona. También destaca la apertura de un “espacio de encuentro y diálogo” con Cataluña.


España ha aceptado este jueves 252 de las 275 recomendaciones recibidas el pasado 22 de enero por parte de 110 Estados cuando se sometió al Examen Periódico Universal, un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que evalúa cada cinco años los progresos en materia de garantías fundamentales de cada uno de sus 193 Estados miembros.
Libertad de expresión y opinión

En el aparatado relacionado con los derechos civiles y Políticos, el Gobierno aceptó la recomendación de Bélgica que pedía “garantizar la libertad de expresión y de opinión mediante una reforma del Código Penal para que los delitos tipificados en él se ajusten a las definiciones reconocidas internacionalmente”, y señaló que emprenderá “una revisión de los delitos de injurias a la Corona y delitos contra sentimientos religiosos recogidos en el Código Penal”.

Una verificación que justamente solicitaba Canadá contra estos dos delitos en otra de las recomendaciones.

El Gobierno también respondió afirmativamente a la solicitud de Ghana que solicitaba “garantizar el respeto de los derechos a la libertad de expresión y de asociación”, e indicó que ésta “se refuerza si el Estado renuncia a regularla”, y que el delito “de injurias a las instituciones del Estado está restringiéndose por los tribunales”.
Relación entre Cataluña y España

Ante la recomendación de Venezuela de iniciar un diálogo constructivo entre el nuevo Gobierno y el pueblo catalán y sus instituciones, el ejecutivo aceptó este apartado al indicar que el pasado mes de febrero se creó un “espacio de encuentro y diálogo” con Cataluña mediante “la Mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre los Gobiernos estatal y autonómico y la Comisión Bilateral de Cooperación Generalitat-Estado”, que buscar encontrar soluciones “en el marco de la Constitución y de la ley.”



Derechos de los detenidos y prisión incomunicada

Sin embargo, España solo aceptó parcialmente la recomendación de Luxemburgo de derogar la prisión incomunicada y prohibir la reclusión en régimen de aislamiento que se prolongue más de 15 días.

Aunque se mostró de acuerdo con la segunda aparte del enunciado expresó sus reservas con la primera al afirmar que “no considera conveniente ni necesaria la derogación o revisión de la denominada prisión incomunicada” ya que, tras la aprobación de la ley orgánica 13/2015, este tipo de detención no comporta “el aislamiento total del detenido”, ya que tiene derecho “a comunicarse con el juez, el Fiscal y el médico forense”.

Además, su ordenamiento “precisa siempre una decisión judicial, y solo cabe adoptar esa medida cautelar con el objetivo de proteger la integridad de las víctimas o testigos de los hechos delictivos y para evitar una grave afectación a la investigación criminal.
Violencia de género

Entre las medidas destinadas a combatir la impunidad y dar acceso inmediato a medios de reparación y protección a las mujeres y las niñas víctimas de la violencia, a propuesta de Polonia, el Gobierno explicó que trabaja “en el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que prevé una mejor definición de los delitos sexuales tipificados en el Código Penal, así como garantías procesales adicionales de protección y apoyo a las víctimas”.
Migrantes y Refugiados

La propuesta de Afganistán en la que recomendaba “considerar la posibilidad de eliminar todas las formas de detención de los migrantes y los solicitantes de asilo y de crear un alojamiento temporal abierto y dotado de suficientes recursos para la acogida humanitaria de los solicitantes de asilo mientras tramitan sus solicitudes” fue aceptada parcialmente.

El Gobierno asintió en la parte relativa a los solicitantes de asilo y explicó que sus Centros de estancia temporal de inmigrantes en las ciudades de Ceuta y Melilla son espacios de la Administración Pública ideados como “dispositivos de permanencia provisional de los extranjeros en tanto su situación administrativa es evaluada de cara a su derivación al recurso más adecuado” y que no son centros de detención ya que sus ocupantes tienen libertad de movimiento.

Con relación a los Centro de Internamiento de Extranjeros para los inmigrantes irregulares, el ejecutivo explicó que “son centros públicos administrativos de privación de libertad, pero no instituciones de carácter penitenciario”, y que el internamiento se produce únicamente cuando “existe una perspectiva” de que el inmigrante “va a ser retornado”.