Recaudar más fondos con los que mitigar el impacto económico y social creado por el COVID-19 en lugar recurrir a una mayor endeudamiento es la receta de los expertos económicos de la ONU para una región donde, solo en 2018, el incumplimiento tributario se ubicó en 325.000 millones de dólares en 2018, equivalente al 6,1% del producto interior bruto.
La política fiscal debe jugar un papel central a la hora de mitigar la crisis social y económica creada por la pandemia y proporcionar el impulso necesario para lograr una reactivación de la actividad económica que permita guiar a Latinoamérica hacia un desarrollo sostenible e inclusivo en un mundo post COVID-19, asegura la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe en su Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2020.
América Latina debe acelerar la transición hacia Estados de bienestar social que garanticen mejores condiciones de vida para todos.
La pandemia, dice el informe, ha expuesto deficiencias en los sistemas de protección social, tanto en el mercado laboral como en los sistemas de seguridad social, y en la limitada provisión crucial de bienes y servicios públicos de alta calidad.
Por lo tanto, América Latina debe acelerar la transición hacia Estados de bienestar social que garanticen mejores condiciones de vida para todos y provean de fundamentos sólidos para el desarrollo sostenible mediante la reducción de la desigualdad, el fortalecimiento de los sistemas de protección social – incluyendo la adopción de un ingreso básico universal-, y que proporcionen sistemas de educación y salud de calidad, y sistemas de pensiones de calidad, enfatiza el informe.
En este sentido, la política fiscal deberá contribuir al logro de estas metas a través de un sistema de tributación progresiva y eficiente, y de un gasto público efectivo y equitativo que dé prioridad a atender las necesidades de las sociedades de la región.
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