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El ejército de México comienza a ver consecuencias por Ayotzinapa




Por primera vez en los seis años desde que ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos, un miembro del ejército es detenido en el marco de las investigaciones.


Cinco años de Ayotzinapa: algunas pistas para destrabar el caso


Si el gobierno de López Obrador quiere saber la verdad sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, es imprescindible que abra un diálogo con la sociedad, y proteja a quienes den información.


Llegué a la ciudad de Iguala, Guerrero, a fines de octubre de 2014, en medio de un rústico pero eficaz plan de seguridad, con mi colega Steve Fisher, del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de Berkeley, California. Rentamos un coche austero recién llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México, que nos daba alguna ventaja de pasar anónimos por el mayor tiempo posible. Si alguna autoridad comenzaba a vigilar nuestros movimientos no podía identificarnos inmediatamente con el número de placa.


En aquel entonces me vi forzada a vivir en Berkeley luego de cuatro años infernales bajo amenaza por mis denuncias documentadas sobre el involucramiento de funcionarios del más alto nivel del gobierno de México con el Cartel de Sinaloa, desde el presidente Felipe Calderón, hasta secretarios de Estado, jefes policiacos, militares, gobernadores y congresistas.


Me fui a Berkeley queriendo no volver a México, por un larguísimo tiempo. La vida de mis dos hijos y la mía estaba destruida, demolida, y quería intentar reconstruir con los trozos que quedaban un refugio para mis hijos. Ese era el plan cuando llegué a la bahía de San Francisco a fines de agosto de 2014, pero todo cambió la fatídica noche del 26 de septiembre de ese año: cien estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron brutalmente atacados en Iguala con armas de fuego; y al final del ataque, 43 de ellos desaparecieron. Se esfumaron.


La versión oficial del Presidente Enrique Peña Nieto, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, es que los estudiantes habían ido a Iguala a boicotear un evento político de la esposa del Alcalde de Iguala, y este, enojado, ordenó a la Policía Municipal atacar y desaparecer a los estudiantes con apoyo de un grupo local de delincuentes cercanos a su esposa, que tenía familiares que habían pertenecido al crimen organizado. Supuestamente los 43 jóvenes fueron asesinados y quemados en un basurero esa misma noche hasta quedar en cenizas.


Cuando llegamos, el ambiente que se respiraba en Iguala era tenso, lúgubre. Arribamos varios meses antes que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo había obtenido ya, por un informante, documentos secretos del expediente criminal abierto sobre el ataque y desaparición. Ese fue mi punto de partida. Hice un plan de trabajo con Fisher, quien llevaría el registro puntual fotográfico y en video del trabajo de investigación que estaba comenzando.


Tracé la ruta por donde pasaron los autobuses desde su llegada a Iguala, hasta que entraron a la ciudad. Identifiqué las calles por las que cruzaron primero dos autobuses y luego los otros tres que ellos secuestraron esa noche. Soy una periodista que hace investigación documental pero, sobre todo, mi mayor capacidad está en la investigación de campo. Identifiqué nombre por nombre a los estudiantes que habían sobrevivido al ataque y llamé a la escuela para poder entrevistarlos. Aceptaron.


Nosotros no fuimos de los periodistas que se quedaron en Ayotzinapa en los campamentos con los padres de los 43 desaparecidos y los muchachos sobrevivientes. Tampoco fuimos a las protestas. Fuimos los periodistas que nos mantuvimos, lo más posible, al margen de las emociones y la impotencia ante la tragedia, para buscar objetivamente la verdad donde quiera que esta se encontrara y cualquiera que esta fuera. Yo quería saber qué había pasado y dónde estaban.


Entrevisté a varios estudiantes sobrevivientes. Recorrimos las calles por donde ocurrieron los ataques e intenté entrevistar a las personas. Podía leer el terror en sus ojos ante mi pregunta: "¿Usted estaba en su casa cuando ocurrieron los hechos?" "¿Qué fue lo que vio o escuchó?" Lo que decían sus ojos lo negaban sus palabras. Todos estaban fuera de Iguala, de visita en otra ciudad. Los comerciantes cuyos negocios estaban abiertos a esa hora, los vecinos, los transeúntes y conductores que circulan cotidianamente por esa ruta a esa hora. Todos negaban haber escuchado o visto algo y de inmediato cerraban cualquier posibilidad de conversación.




Ese fue el primero de muchos viajes que realicé durante dos años de investigación del caso de los 43.


Fue poco a poco, a fuerza de regresar a tocar la misma puerta, que los testigos comenzaron a narrar esa noche de terror. Lloraban, temblaban, sentían culpa por no haber hecho nada. Un profesor estaba en shock porque el día posterior al ataque había tenido que limpiar la pared exterior de su casa salpicada de sangre. Así logré ver el ataque desde 360 grados. Los estudiantes sobrevivientes no habían podido ver todos los ángulos de la escena porque se ocultaron para protegerse de los disparos mientras sus compañeros estaban siendo desaparecidos. Así que solo se percataron de algunas cosas. Gracias al testimonio de los vecinos supe que los estudiantes no solo fueron atacados por policías federales y municipales uniformados, sino por personas vestidas de civil. Varios coincidieron en que parecían militares.


Vi tres de los cinco autobuses en los que viajaban los estudiantes cuando fueron atacados. Estaban en un corralón de grúas, empolvados, expuestos a la lluvia, sin ningún sello de inviolabilidad en las puertas o ventanas. Pese a que los autobuses eran la escena del crimen, nadie los protegió.


Tenía en mis manos los expedientes de los policías municipales de Iguala y Cocula que se supone habían confesado que ellos habían hecho todo. Que eran culpables. Pero sus testimonios eran contradictorios entre ellos. Cada uno contaba una versión distinta aunque se supone habían cometido juntos el crimen en el mismo lugar, a la misma hora.


Entonces analicé los dictámenes médicos que les practicaron después de su ‘confesión de culpabilidad'. Todos presentaban heridas, golpes, quemaduras. Muy similares entre una persona y otra. Hombres y mujeres.


Consulté a un médico especialista y me dijo que eran signos de quemaduras con toques eléctricos y torturas. Sólo uno de los policías, Alejandro Lara, se había atrevido a decir en su ´confesión´ que había sido torturado y quería poner una queja.


Hablé con las esposas de los policías a quienes el gobierno y la opinión pública habían crucificado en vida, acusándolos de ser culpables. A la gran mayoría de ellos los había detenido la Policía Federal, la policía de la PGR, y el Ejército. Fueron torturados en instalaciones del gobierno federal con toques eléctricos en órganos genitales, oídos y boca. Y muchos fueron incluso abusados sexualmente para obligarlos a firmar confesiones. También fueron torturadas personas que fueron detenidas en la vía publica acusadas de pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos. El gobierno había arrestado a más de cien personas para cerrar el caso, y más del 80 por ciento habían sido torturados. Y no se encontró a los estudiantes. Meses después, peritos expertos internacionales confirmaron que la cremación en el basurero nunca existió. Que se sembró en una bolsa de basura supuestamente encontrada en un río un hueso quemado de un estudiante identificado como Alexander Mora. Del resto de su cuerpo y de los otros 42 no se sabe nada.


Descubrí y documenté, contrario a lo que decía el gobierno de Peña Nieto, que elementos del 27 Batallón Infantería habían vigilado a los estudiantes desde que salieron de Ayotzinapa hacia Iguala, es decir cuatro horas antes de los ataques. Los siguieron y estuvieron presentes y dispararon durante el ataque vestidos de civil usando vehículos no oficiales. Esto está documentado ampliamente. Uniformados, atacaron la Policía Federal, la Policía Estatal y policías de la base de la PGR en Iguala. Todos contra cien jóvenes estudiantes de entre 16 y 22 años de edad.


El ataque se concentró en dos de los cinco autobuses en que viajaban los estudiantes. Las fotografías tomadas por los peritos esa noche y los dictámenes realizados en los siguientes días, de los cuales tengo copia, muestran que estos dos autobuses fueron el blanco del ataque. De esos dos buses desaparecieron los 43 estudiantes.


Desde hace 15 años investigo la relación de complicidad entre los carteles de la droga en México y oficiales del gobierno. Consulté a una fuente de información que tengo que era cercana al Cartel de los Beltrán Leyva que por años han controlado el estado de Guerrero, porque ahí se siembra la amapola de donde se fabrica la heroína.


Esa fuente me reveló que en esos dos autobuses iba un cargamento de heroína con un valor de más de dos millones de dólares. Los estudiantes habían tomado esos dos camiones al azar, sin saber que tenían la droga. Iban a usarlos para viajar a la ciudad de México y participar en la protesta del 2 de octubre para recordar la masacre de Tlatelolco perpetrada por el Ejército Mexicano contra estudiantes en 1968.


El dueño de la droga era un capo que, según la misma fuente, ordenó a integrantes del 27 Batallón de Infantería recuperar la mercancía a cualquier costo. Los militares tenían desde dos años atrás control total de la ciudad y coordinaban a todas las fuerzas policiacas.


Desde las primeras horas de la desaparición, había todas las pruebas periciales y testimoniales de que señalan que elementos del 27 Batallón de Infantería coordinaron el ataque y la desaparición. Llegaron los días siguientes llamadas al teléfono de emergencia de Iguala de ciudadanos que anónimamente decían que algunos estudiantes habían sido llevados al 27 Batallón, y otros a distintos puntos de la zona.


Toda esta información la fui publicando en diversos reportajes en la revista Proceso desde el 13 de diciembre de 2014. Y luego en mi libro La Verdadera Noche de Iguala, en diciembre de 2016. Los abogados de los padres de los normalistas desaparecidos, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y miembros de Naciones Unidas me pidieron compartir con ellos información que iba recabando. Ellos, por su propia ruta, llegaron a conclusiones similares.


¡Han pasado cinco años!, cinco, de que los padres y las madres de los 43 no pueden abrazar a sus hijos o siquiera llorarles en una tumba. Sé que el nuevo gobierno encabezado por el presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador busca en al menos 200 puntos diferentes el paradero de los 43 con un equipo de expertos forenses y antropólogos.


Tribunales en México han confirmado mis investigaciones y desde el año pasado comenzaron a liberar a personas que injustamente estaban en prisión. Hace unos días fue liberado un grupo de 21 policías municipales acusados, incluyendo al policía Alejandro Lara. El actual gobierno protestó y acusó a los jueces de corruptos. Pero no existe en el mundo un juez decente que pudiera condenar a ninguno de los detenidos después de ver los exámenes médicos que probaban las torturas, las cuales también fueron confirmadas. Además de que no se aportó ninguna prueba pericial que los implicara en el caso. Mantener en prisión a gente inocente de este crimen ayuda a los verdaderos perpetradores a garantizar su impunidad.


Si el gobierno de López Obrador quiere saber la verdad, si el Fiscal General quiere hacer un buen trabajo, la nueva Comisión de la Verdad creada para resolver el caso debe ir a las calles de Iguala como yo fui hace cinco años y encontrar lo que está a la vista de todos. Es imprescindible que el gobierno abra un diálogo con la sociedad, y proteja a quienes den información.