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Expertos llaman a Europa abandonar proyecto de ley con enfoque coercitivo sobre la salud mental


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La propuesta legislativa se votará próximamente en el Consejo de Europa. Las personas con discapacidad psicosocial tienen derecho a vivir en la comunidad y a rechazar el tratamiento médico, la ciencia demuestra que la admisión forzosa en instituciones médicas provoca efectos nocivos como dolor y trauma, dicen los expertos.


El Comité de Bioética del Consejo de Europa se reunirá a principios de junio para votar un proyecto sobre salud mental que continuaría permitiendo a los 47 Estados parte aplicar medidas coercitivas como el tratamiento forzoso y el internamiento involuntario en instituciones psiquiátricas de personas con ese tipo de problemas de salud.

Un grupo de expertos* de la ONU en derechos humanos exhortó este viernes al Consejo de Europa a retirar dicha propuesta de ley , conocida como Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo, por mantener un enfoque de políticas y prácticas de salud mental basado en la coacción.

Las acciones contempladas en el documento son incompatibles con los principios y estándares contemporáneos de derechos humanos, afirmaron los expertos en un comunicado conjunto.


Visión obsoleta

“El enfoque coercitivo de la salud mental perjudica a las personas con discapacidad y no se debe retroceder para autorizar este enfoque obsoleto. Las personas con discapacidad psicosocial tienen derecho a vivir en la comunidad y a rechazar el tratamiento médico”, apuntaron.

Recordaron que las evidencias científicas avaladas por las más altas instancias sanitarias internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, muestran que la admisión forzosa en instituciones médicas y los tratamientos coercitivos en las instituciones tienen efectos nocivos en las personas con discapacidad psicosocial.

Entre los daños que pueden sufrir esas personas a causa de las medidas forzosas citaron el dolor, trauma, humillación, vergüenza, estigmatización y miedo.
Oposición internacional

La controvertida propuesta de ley ha generado oposición en todo el mundo, incluyendo dentro el propio Consejo de Europa.

Los expertos apelaron a las delegaciones europeas a objetar el proyecto de protocolo e instaron al Consejo a “dejar de legitimar la institucionalización forzada y el uso de la coacción contra las personas con discapacidad”.

Asimismo, se dijeron sorprendidos de que ese Consejo considere la adopción de un tratado que revertiría los avances europeos en materia sanitaria y científica en un momento histórico en el que el mundo busca reformar las políticas de salud mental.

Para concluir, los relatores llamaron al Consejo de Europa a aprovechar la oportunidad de apartarse de la visión anticuada de la salud mental, adoptando medidas que promuevan servicios de apoyo en la comunidad y el ejercicio pleno de los derechos humanos sin discriminación de ningún tipo.

Los firmantes del comunicado son: el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad**; Gerard Quinn, relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Maria Soledad Cisternas Reyes, enviada especial del Secretario General sobre Discapacidad y Accesibilidad; Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho a la salud física y mental; y Claudia Mahler, experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad.

*Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo.

**El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supervisa el cumplimiento por los Estados partes de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, que hasta la fecha cuenta con 182 Estados partes. El Comité está integrado por 18 miembros que son expertos independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo, que se desempeñan a título personal y no como representantes de los Estados partes.