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Aclaración procuradora Miriam Germán documento íntegro




Aclaración 


En mi calidad de Procuradora General de la República, y frente a mi equipo de trabajo, he fijado con claridad mi postura sobre las denominadas "alertas migratorias" en la forma en que han venido siendo utilizadas en la historia reciente de institución, al considerarlas reales impedimentos de salida en violación al debido proceso, aun cuando se pretendiesen instrumentar únicamente con la supuesta finalidad de tener conocimiento de los movimientos
migratorios de personas bajo investigación.


En ese sentido, instruí que todas fuesen levantadas o dejadas sin efecto, para lo cual compartí mi parecer con el director de Migración, quien estuvo de acuerdo.

Justo al día siguiente de haber tomado esta decisión recibimos la visita de dos funcionarios que no son del área judicial, presentes además a requerimiento mío estuvo el director de Migración y los titulares del PEPCA y la Dirección de Persecución.

En esa reunión reiteré que las alertas, que a fin de cuentas devenían en un real impedimento, estaban eliminadas, que no eran posibles en nuestra legislación actual; solo secundó mi criterio el director de Migración, en ese momento.

Les expresé claro que el proceder mencionado antes de impedimentos de salida colocados administrativamente solo era posible si la ley fuera modificada en este aspecto.

El jueves me entero por los medios que el señor Jean Alain Rodríguez le fue impedida la salida del país, en unas condiciones que resultan más que confusas porque tengo entendido que había abordado un vuelo, luego de haber pasado los controles migratorios de lugar, el avión retorna al aeropuerto debido a un desperfecto técnico, y cuando el señor Rodríguez intenta abordar otro avión, le fue impedido, aun habiendo sido ordenado el levantamiento de las alertas por demás ilegales, y no teniendo el señor Rodríguez impedimento de salida ordenado por un juez.

Haciendo averiguaciones a lo interno de la Procuraduría, hemos procedido a tomar las medidas de lugar para que esta situación no se repita, incluyendo aspectos disciplinarios.

Es el interés de quien dirige este Ministerio Público, que las normas del debido proceso sean aplicadas a todos y todos los ciudadanos(as) sin importar quien sea.

Este interés está por encima de la valoración, que en términos éticos, nos merezca el eventual beneficiario.