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América Latina pueden y deben producir más empleo y crecimiento



Verduras producidas por los participantes en el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria de la FAO y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México.

La agencia de la ONU encargada de temas agrícolas y alimentarios destaca una serie de iniciativas regionales que muestran que no es necesario elegir entre crear empleo y cuidar el medioambiente, o entre la transformación sostenible de la agricultura y la reactivación económica post pandemia, ya que los proyectos y políticas ambientales también generan múltiples beneficios económicos y sociales.


La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó este jueves una nueva publicación que analiza siete casos exitosos de agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe. Los proyectos se implementaron en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Uruguay y el Caribe.

El documento destaca que es factible lograr en la región una agricultura “próspera, inclusiva, sostenible, baja en emisiones y resiliente al cambio climático”, y que su consecución es obligatoria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cumplir con el Acuerdo de París.

El estudio explica con ejemplos concretos cómo pasar de las buenas prácticas a políticas públicas, y cómo alinear los objetivos ambientales con una producción agrícola eficiente y socialmente inclusiva, en un momento en el que la recuperación de las economías tras la pandemia del coronavirus demandará grandes inversiones, tanto de los Estados como del sector privado.

La duda de cómo se producirán estas inversiones ante un panorama de recursos limitados y con grandes desafíos se despeja cuando la FAO aboga por favorecer políticas en las que “todos ganan", y que permiten avanzar simultáneamente en las agendas socioeconómica, ambiental y climática.


Por ello, la agencia de la ONU destaca que “se necesitarán propuestas de inversión que tengan un fuerte efecto de reconstrucción en el corto plazo, a la vez que sean eficaces en la consecución de los objetivos climáticos y ambientales”.

Así lo plantea el representante regional de la FAO, Julio Berdegué, al afirmar que “ahora más que nunca es fundamental aprovechar las inversiones que requerirá la reconstrucción luego de la pandemia para avanzar en la lucha contra el cambio climático y en la reducción de la huella ambiental de la agricultura”.
Siete proyectos emblemáticos de la FAO

Un proyecto de ganadería climáticamente inteligente implementado en más de 800 fincas de Ecuador permitió que más de de mil ganaderos incrementaran su producción de leche, aumentaran sus ingresos y mejoraran la calidad de los suelos en 40.000 hectáreas. El proyecto evitó la emisión de 24.000 toneladas de gases de efecto invernadero gracias a técnicas como el pastoreo rotativo y la producción de compost para pastos. Además, los ganaderos aprendieron a producir sus propios piensos y aplicaron herramientas digitales para monitorear sus emisiones de gases de efecto invernadero.

En México, un programa de fomento de tecnologías eficientes y bajas en emisiones en la agricultura y la agroindustria permitió que 1842 agronegocios –principalmente fincas de ganado de vacuno, porcicultura y avicultura, centros de procesamiento de carne e industrias agroprocesadoras– redujeran sus emisiones netas de gases de efecto invernadero en el equivalente de 6 millones de toneladas de CO2, además de producir energía a partir de biomasa.

Un plan de buenas prácticas y alternativas al uso de plaguicidas trabajó con más de 2000 técnicos y productores uruguayos, y demostró que es posible reducir hasta en un 70% el uso de herbicidas en un ciclo de producción de soja, sin afectar en nada el rendimiento y sin aumento de costos, lo que supuso –para los casos evaluados– un ahorro medio de 40 dólares por hectárea.

Los Acuerdos de Producción Limpia permitieron a 340 miembros de la agricultura familiar de la región chilena de El Maule aumentar en 15% sus beneficios económicos, reduciendo su uso de energía, sus emisiones de gases de efecto invernadero, sus residuos y uso de plaguicidas, además de mejorar el uso del agua y del suelo.

Un proyecto de manejo forestal comunitario en Guatemala y Colombia permitió impulsar la conservación de los bosques, generar empleo y aumentar la inversión en desarrollo social y productivo. En Guatemala participaron más de 1200 familias en 350.000 hectáreas de la Reserva de la Biósfera Maya en Petén, mientras que en Colombia participaron 25 comunidades y dos asociaciones madereras.

Un programa de gestión sostenible de las pesquerías de arrastre en Brasil, Surinam y Trinidad y Tobago permitió reducir en hasta 36% la pesca no intencionada gracias a nuevas redes y tecnología, protegiendo a especies amenazadas, como tortugas y rayas, y disminuyendo su impacto ambiental.

En Colombia, las mesas técnicas agroclimáticas permitieron que un gremio bananero en Magdalena y La Guajira redujera en 15% sus pérdidas por efectos climáticos y un 25% en su uso de fertilizantes por hectárea.