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Buena voluntad presidencial y desaciertos de funcionarios


Lic. Inmaculada Liriano


Buena voluntad presidencial y desaciertos de funcionarios.


By:  Lic. Inmaculada Liriano

Nadie pone en dudas la buena voluntad del presidente Luis Abinader. Como ningún otro gobernante de nuestra historia Abinader ha mostrado claramente su compromiso con la correcta justicia, el buen desempeño, la honestidad y la transparencia pública.

Los ejemplos sobran. 

Una procuraduría independiente; el despido y sometimiento de aquellos indelicados de su partido, los ingentes esfuerzos en el combate a la pandemia; o sino el atajo de la desmesura de muchos funcionarios.

A pesar de estas extraordinarias bondades, al parecer el Presidente tendrá que emplearse un poco más a fin de eliminar las numerosas brumas que amenazan con empañar su excelente gestión.

Una de esas brumas es la ignorancia que exhiben algunos funcionarios sobre las funciones y el apropiado manejo político de las cosas públicas. Por donde quiera se encuentran los desaciertos debido a esta ignorancia.

Uno de los más sonados fue la torpe decisión de Tony Peña Guaba de entregar más de cien millones a los artistas en medio de la pandemia. Nunca hubo robo ni intención de robo como maliciosamente se quiso dar a entender; pero desdijo la inteligencia de Tony al tomar esa medida en medios de una emergencia nacional.



Otro de no menos peso fue la inoportuna declaración del Canciller Roberto Álvarez sobre la recanalización del río masacre. 

En una extraña intervención a través de Twitter Roberto dijo que Haití aclara que “la actual es su primera obra hidráulica en frontera mientras RD ha construido cuatro”. Muchos quedamos sorprendidos, pues mientras el presidente Abinader emite señales de firmeza frente al tema haitiano, el canciller se despacha con unas declaraciones que lo colocan como vocero del gobierno haitiano.


Pero tal vez el más serio de los desaciertos que vienen exhibiendo algunos funcionarios de este gobierno lo produjo el director de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda.

En un comunicado emitido el 3 de mayo del presente año dispuso los siguiente:

“se les otorga un plazo de 30 días para que procedan al cierre definitivo de las bancas, agencias, y punto de ventas de loterías QUE HAYAN INSTALADO DESDE EL 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 HASTA LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE ESTA NOTIFICACIÓN sin la previa autorización e inspección del Ministerio de Hacienda”.


Todos los expertos en derecho consultados se asombraron ante dicho pedimento. Y no era para menos. Pues la estructura lógica subyacente a este pedido presupone que el derecho se funda en el gobierno y que por lo tanto la aparición de un nuevo gobierno es el momento de fundación de lo justo y lo injusto, del derecho y el no derecho. Sugiere que quien gobierna puede decidir qué es y qué no es un derecho y cuándo este derecho nace o muere.

Aunque parezca extraño este punto de vista no es nuevo. Hace aproximadamente 2400 años ante de cristo fue expuesto por Calicles en el Gorgias de Platón y volvió a ser expuesto por este en la República por boca de Trasímaco. La idea general de aquellas exposiciones consiste en que lo justo es lo que establezca el más fuerte. Si el gobierno es la entidad más fuerte entonces este será quien este habilitado para determinar qué será lo justo o no; quién poseerá un derecho o no.

El error de este punto de vista consiste en que desconoce que, en las sociedades sustentadas por estado de derecho, las interacciones entre posesiones, personas y autoridades están determinadas por el sistema de leyes sustantivas y adjetivas que las regula. En este estado de derecho, el valor jurídico de un acto de autoridad no está determinado por la fuerza que posea quien detente dicha autoridad, sino por aquellas prescripciones que delimitan el ámbito y alcance de las ejecutorias de esa autoridad. De igual modo, la legalidad o ilegalidad de una posesión no está determinado por los caprichos de la persona física que detente la autoridad, sino por las normas y principios jurídicos que rigen las posesiones en un estado de derecho.

De ahí que le resulte extraño a los expertos en derecho que la dirección de Casinos y Juegos de Azar haya dispuesto que sólo se validarán las bancas o agencias de loterías que se hayan establecido desde el 16 de agosto hacia atrás y que las instaladas desde esa fecha hasta el momento actual serán eliminadas. 

Pues con ello se está sosteniendo e informando que las actuales autoridades han determinado caprichosamente que todas las agencias o bancas que se establecieron del 15 de agosto hacia atrás quedarán administrativamente legalizadas aún se hayan establecido y se mantengan operando ilegalmente; mientras que todas aquellas que se establecieron del 16 de agosto pasado en adelante sin inspección del Ministerio de Hacienda serán cerradas por ser consideradas ilegales.


Pero lo más extraño de este caso es el hecho de que una gran proporción de las agencias o bancas que iniciaron sus operaciones después del 16 de agosto del 2020, al contrario de lo que acontece con la mayoría de las que se instalaron ante de esa fecha, pagan religiosamente los impuestos establecidos por el Estado, lo que supone el reconocimiento de algún derecho a operar; a pesar de ello la dirección de Casinos y Juegos de Azar está diciéndole a la sociedad que las ilegales establecidas antes del 16 de agosto, aún no estén cumpliendo con el debido pago de impuestos serán consideradas legales y, por lo tanto, no serán eliminadas.

Lo peligroso de la ignorancia que genera este tipo de desaciertos es que terminan por involucrar involuntariamente al presidente de la República. En efecto, el rol de un funcionario público no se reduce solamente a la administración de su ámbito de responsabilidades. También es parte de sus roles proveer al Presidente las debidas informaciones y asesorías sobre su ámbito de competencia. De modo que, si un funcionario no tiene un conocimiento apropiado de su área de trabajo, terminará por desinformar y desorientar al mandatario dominicano . Por lo tanto, cualquiera decisión que tome el Presidente supondrá los errores derivados de la ignorancia del funcionario que le ha asesorado equivocadamente respecto a los que acontece en su sector.

En ese sentido cabe decir que se rumora fuertemente que ya el ciudadano presidente fue convencido para que asumiera el desacierto de considerar como legales todas las bancas o agencias que se establecieron antes del 16 de agosto, aún se hayan establecido sin la debida inspección y el no pago de impuesto, y que las demás, que se instalaron en igual condición después del 16 serán eliminadas aún se encuentren pagando sus impuestos.

De ser cierto ese rumor sugerimos que presidente redefina el modo de recabar información sobre las distintas áreas ejecutivas previo a las tomas de decisiones. Pues las que les proveen sus funcionarios al parecer no son suficientes. Demasiado pesan la ignorancia y los intereses particularizados sobre estos como para informar transparente y objetivamente al presidente.

De no hacerlo, la gestión de Luis Abinader continuará siendo afectada por los brotes de brumas que de cuando en cuando amenazan con ensombrecer su excelente desempeño. Y ningún ciudadano sensato desea eso. Pues por primera vez tenemos un presidente que hace frente gallardamente a la corrupción pública. Por lo que todos deseamos continuar teniendo motivos para apoyarlo y mantenerlo.