Santo Domingo, RD.- El presidente Luis Abinader designó a Armando Paíno Henríquez Dajer como director ejecutivo del Consejo Directivo del Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos mediante el decreto número 386-21 publicado este 17 de junio.
Conforme a la recién promulgada Ley General de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos , número 225-20, el consejo estará conformado por ocho miembros; cuatro pertenecientes al Estado, entre ellos un representante de los gobiernos locales, y cuatro del sector privado.
Entre sus funciones se encuentran aprobar los lineamientos para la evaluación, uso y destino de los ondos del fideicomiso; decidir las formas de administración de los vertederos y estaciones de transferencia en todo el territorio nacional y/o delegar mediante acuerdos, contratos de concesión o alianzas público-privado su administración.
El consejo también tiene la potestad de aprobar las propuestas de proyectos y/o actividades a ser financiadas por el fideicomiso y las solicitudes de desembolso; también debe supervisar que los fondos del se ejecuten conforme a los fines para los cuales fueron otorgados; entre otros.
Sobre el fideicomiso
La ley establece que el fideicomiso tiene el objetivo de operar y gestionar el fondo destinado a la gestión integral de residuos sólidos, a la operación de estaciones de transferencia, vertederos y rellenos sanitarios, así como el cierre de vertederos a cielo abierto.
También debe gestionar adecuadamente los montos recaudados provenientes de la Contribución Especial para la Gestión de Residuos Sólidos, recibidos a través de la Tesorería Nacional, y otros fondos provenientes de las tarifas en las estaciones de transferencia y vertederos.
Además debe efectuar los pagos a los operadores de las estaciones de transferencia, vertederos y rellenos sanitarios a nivel nacional, previa fiscalización por parte de la entidad fiduciaria y de acuerdo a la política de pago aprobada por el consejo directivo.
También tiene la finalidad de realizar los aportes aprobados por el consejo a personas jurídicas o entidades que, cumpliendo con los requisitos de la ley, su reglamento y normas complementarias, desarrollen centros de acopio, plantas de acopio, rellenos sanitarios, plantas de valorización, coprocesamiento, cadenas logísticas para la gestión de los residuos, campanas educativas, entre otras actividades relacionadas con la gestión integral de residuos.
También podrá incursionar en el mercado de valores como alternativa de financiamiento, establece la ley.
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