En cuanto al número de acusados y de acusaciones, este es el mayor juicio por delitos financieros celebrado en la historia del Vaticano .
También es la primera vez en la que aparece un cardenal, Giovanni Angelo Becciu, antiguo sustituto de la Secretaría de Estado y ex prefecto de la causa de los Santos.
Este último es el primero de la historia en ser juzgado en el Vaticano por jueces laicos, tras la reciente reforma del Papa Francisco que despojó a la curia de esos privilegios.
El proceso relativo a la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado del Vaticano, derivado de las investigaciones sobre la compra del edificio del número 60 de Sloane Avenue en Londres, se ha abierto en la sala polivalente de los Museos Vaticanos, convertida en sala de audiencias para la ocasión.
Además de Becciu, hay otros nueve acusados, entre los que se encuentran prelados, funcionarios de la Santa Sede y gestores externos. Hay cuatro empresas que están siendo juzgadas por delitos que van desde la malversación de fondos hasta el soborno y la extorsión.
La audiencia se dedica a cuestiones procesales y a la disposición de las partes, incluida la Secretaría de Estado como demandante civil.
Otro perjudicado es el IOR, el "banco" del Vaticano.
El cardenal Angelo Becciu
Un juicio sin precedentes
En el centro del caso está lo que los investigadores vaticanos han descrito como "un podrido sistema depredador y lucrativo" en perjuicio de la propia Secretaría de Estado y de sus fondos de caridad del Obolo de San Pedro, que ha provocado graves pérdidas a las arcas vaticanas. Se basa supuestamente en la "complicidad y connivencia" entre los operadores financieros y los consultores externos y el personal y los directivos internos.
Becciu, que va a juicio con una aprobación específica concedida por el Papa Francisco y al que el propio Bergoglio, en una impactante audiencia el pasado 24 de septiembre, privó del cargo de la Curia y de las prerrogativas de cardenal, está acusado de malversación y abuso de funciones.
También se le acusa de "soborno" a un testigo, el monseñor Alberto Perlasca, al que supuestamente intentó hacer retractarse de sus declaraciones acusatorias llamando al superior jerárquico diocesano, el obispo de Como Oscar Cantoni, para que le ayudara.
En particular, deberá responder por las transferencias de 575.000 euros emitidas por la Secretaría de Estado a la gerente de Cagliari, Cecilia Marogna, que habrían ido a parar a gastos personales y artículos de lujo, y por la financiación de la cooperativa de su hermano Antonino (600.000 euros de los fondos del CEI y 225.000 euros de los de la Santa Sede).
"Soy víctima de un complot contra mí", dijo Becciu. Ha prometido "negar las acusaciones" y mostrar al mundo su "absoluta inocencia".
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