Periódico Dominicano Libre de Prejuicios; Porque somos Imparcial siendo Objetivo

 Imparcial RD

El Ministerio Público sigue firme y en espera de una condena que garantice cero impunidad en el Caso Odebrecht




La fiscal Mirna Ortiz resalta que la defensa de los imputados siguió con argumentaciones “totalmente vacías”


SANTO DOMINGO (República Dominicana).– La fiscal Mirna Ortiz resaltó que el Ministerio Público se mantiene firme y en espera de una condena ejemplar, basada en las pruebas aportadas en el proceso judicial contra los imputados por los sobornos que distribuyó la empresa Odebrecht en República Dominicana.

Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), calificó de “totalmente vacías” las contrarréplicas de las defensas al Ministerio Público.

En ese sentido, señaló que los argumentos de los abogados “en nada han afectado el caso del Ministerio Público, y seguimos igual que como siempre, firmes y en espera de una condena justa que es lo que el Ministerio Público le ha pedido al tribunal”.

La fiscal se refirió al proceso en su etapa final al responder preguntas de los periodistas a la salida del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que encabezan la jueza Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes tienen la responsabilidad de fallar el caso en el que el Ministerio Público busca evitar que haya impunidad.




“Esperamos una condena basada en las pruebas, basada en las evidencias que se han presentado, que les demuestre a los y las dominicanas que en este país el que es corrupto, el que toma dinero público, no sale impune, y que le demuestre a los que vean este proceso que, si tienen conductas similares, tendrán consecuencias similares”, recalcó Ortiz.

Explicó que el soborno quedó claramente demostrado con las pruebas testimoniales y, también, con todo el esquema documental que demostró la ruta del dinero que sale de Odebrecht para pago de corrupción y llegó a las cuentas del imputado Víctor Díaz Rúa, a través del abogado Conrado Pittaluga, así como a las de Ángel Rondón y de los legisladores.

El juicio que se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sigue avanzando en la última etapa, al concluir las contrarréplicas de las defensas de los acusados de recibir y distribuir los US$92 millones que entregó en sobornos Odebrecht para lograr la adjudicación de contratos para la construcción y reconstrucción de diferentes obras públicas.

En la audiencia de este jueves, que inició a las 9:00 de la mañana, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo escucharon a los abogados defensores de los procesados, quienes se refirieron a las réplicas del Ministerio Público expuestas en la jornada anterior.



El pasado martes, durante las réplicas sobre los discursos de la defensa técnica de los encartados, el titular de la Pepca, Wilson Camacho, resaltó que en el proceso el Ministerio Público demostró las imputaciones por los sobornos con diferentes pruebas documentales y testimoniales, destacando que el testigo Mauricio Dantas Bezerra trazó la ruta del dinero.

En su discurso, Camacho afirmó que “el Ministerio Público demostró cómo el dinero se recibió a través de Lashan y Conansa, empresas de Ángel Rondón, y cómo se recibió a través de Newport, la empresa de Conrado Pittaluga, y cómo las pruebas, incluso, indicaron que el dinero que recibía Conrado Pittaluga era para Víctor Díaz Rúa, y cómo se invirtió parte de ese dinero en Indoequipesa y en Solaris que era una empresa presidida por Víctor Díaz Rúa al momento de que Conrado invirtió ese dinero”.

Camacho resaltó que “hay evidencias suficientes para que el tribunal dicte sentencia condenatoria”, al tiempo que dijo confiar en que cuando el tribunal se retire a deliberar y a valorar las evidencias que ha presentado el Ministerio Público, dictará una sentencia condenatoria.

Al dirigirse a las juezas en ese momento, manifestó “Si es mala la corrupción, peor es la impunidad; los corruptos no solo se roban el dinero de todos y todas; se roban nuestra salud, se roban nuestra educación, se roban nuestras oportunidades de desarrollo y se roban nuestro tiempo”.

El titular la Pepca calificó la corrupción como “un cáncer”, al tiempo de expresar que “es un cáncer que ha intentado adueñarse del cuerpo de este país, un cáncer que si ustedes no se comportan a la altura de su rol histórico hará metástasis y nos quitará las esperanzas átomo por átomo, célula por célula, tejido por tejido, órgano por órgano”.

Al concluir su exposición en la sesión del pasado 21 de septiembre, Camacho ratificó las conclusiones que presentó en el proceso y solicitó al tribunal rechazar las conclusiones de la defensa, incluyendo la solicitud de prescripción que hizo la defensa de Pittaluga Arzeno.

El Ministerio Público pidió al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coacusados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht, así como para Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas.

Para el abogado Conrado Pittaluga pidió 7 años de prisión, mientras que condenas de 5 años de reclusión para los también coimputados Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.

El órgano persecutor del crimen, además solicitó que todos los imputados paguen una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.

Este jueves, el tribunal ordenó un receso alrededor de la 1:00 de la tarde para retornar a las 2:30, cuando los abogados continuaron presentando las contrarréplicas hasta pasadas las 4:00 de la tarde.


Posteriormente, las juezas ordenaron la suspensión del juicio hasta el próximo lunes 27 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana, sesión en la que los imputados tendrán la oportunidad de dirigirse al tribunal con su defensa material.