En la operación Falcón vinculan un funcionario y otros dos de elección popular, por lo que se afirma existe fragilidad en las estructuras partidarias que permite sean vulneradas por el narco y el crimen organizado.
Santo Domingo, RD.- El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, y los empresarios Celso Juan Marranzini y César Dargam, consideraron ayer preocupante la vinculación de dirigentes políticos y funcionarios electos en actividades del crimen organizado.
Rosario Márquez, quien es miembro de la dirección del partido Fuerza del Pueblo, expresó ayer “profunda preocupación” ante los resultados de un operativo de persecución y apresamiento de ciudadanos imputados por su vinculación en el trasiego ilícito de sustancias prohibidas.
La jornada fue ejecutada por el Ministerio Público, con más de 80 allanamientos que dejaron varias personas arrestadas, e identificados un funcionario del gobierno y otros electos, como posibles cabecillas de una red de narcotráfico.
Rosario Márquez juzgo “muy peligroso para la sociedad dominicana” el hecho de que las personas vinculadas a las actividades ilícitas relacionadas con drogas ilegales “hayan logrado acceder a estas funciones públicas, poniendo en evidencia la vulnerabilidad del sistema y la facilidad con que el crimen organizado puede infiltrarlo”.
Su opinion sobre este caso las expuso en el programa matutino Despierta RD, que conducen Lorenny Solano, Gilbert Guzmán y Cristian Cabrera, por Telecentro.
Dijo que las leyes dominicanas tienen limitaciones, igual que los partidos políticos, “para impedir la presentación de candidaturas de alguien que se sospeche vinculado al narcotráfico, pero que no esté limitado por una sentencia irrevocable que suspenda el ejercicio de sus derechos civiles y políticos”.
Al referirse a la propuesta presidencial para otorgar independencia al Ministerio Público, Rosario Márquez dijo que ésta existe en la Constitución a partir del 2010.
De hecho, citó de ejemplo las actuaciones de los magistrados Miriam Germán, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, de quienes afirmó que “ejercen sus funciones apegados a la institucionalidad y a convicciones propias que siempre han tenido”.
Y contrario a quienes han dicho que se violan derechos de los ciudadanos, algo que, a su juicio, podría suceder en casos aislados, sostuvo que no así en terminos generales. “Yo creo que el Presidente acertó con la designación de estas personas en la función que tienen. Y creo que el Ministerio Público, en lo esencial, se está manejando con independencia”, agregó Rosario Márquez.
Los empresarios
Mientras el empresario Celso Juan Manrrazini, presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD), juzgó “preocupante” la existencia de estructuras criminales y de narcotráfico en la política y los poderes del Estado, y advirtió de que los ilícitos dañan al sector privado, los ingresos del Estado y a la sociedad en general.
“Es un cáncer para la sociedad, al cual se le debe hacer frente para combatirlo”, expresó Marranzini. Asimismo, consideró de mucha importancia las acciones del Ministerio Público en la Operación Falcón para combatir el narcotráfico y lavado de activos.
El empresario considera que estas operaciones legales “son señales de que se está luchando contra la impunidad”.
“Es un flagelo de la sociedad que debemos atacar, que se esté atacando de frente y que se aparte de ese flagelo de la impunidad de nuestro país”, agregó el empresario.
Habla titular del CONEP
Al respecto, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, tras ser abordado en torno al destape de operaciones de narcotráfico y lavado de acticos, implicando a personas con funciones públicas y de elección popular, se limitó a decir que “evidentemente, estamos preocupados”.
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