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Ministro de Salud se mostró de acuerdo con las medidas del Gobierno sobre servicios de salud a extranjeros haitianos




70% los partos en los centros hospitalarios del país son de haitianas




Santo Domingo. - El ministro de Salud se mostró de acuerdo con la decisión arribada por el Gobierno de no brindar los servicios de salud a los haitianos ilegales en el país, salvo en situaciones de emergencia, debido a que los centros sanitarios no cuentan con la capacidad suficiente para atender, principalmente a la cantidad de parturientas haitianas que vienen a dar a luz.

El doctor Daniel Rivera manifestó que el país no puede seguir sosteniendo la carga de salud de esa nación, por lo solo se atenderán los casos de emergencias

“Hemos estado asumiendo la vacunación de los haitianos que residen en el país y ellos hasta la fecha solo tienen un 2% de personas que han recibido la aplicación de la inmunización, pero es insostenible la carga y más aún con la situación que ha generado la pandemia” indicó.

El titular de Salud dijo que las parturientas haitianas ocupan un 70% en los centros hospitalarios del país, siendo Santiago y Valverde, Mao, las zonas de mayor cantidad de mujeres que acuden a dar a luz a los centros públicos, algo que tenemos que controlar, “les están cogiendo el espacio a las parturientas dominicanas que necesitan su espacio para dar a luz, y lamentablemente no tenemos la instalación suficiente para cubrir con toda esa migración haitiana”, agregó.


Indicó que cerca de un 32 por ciento de los partos que se realizan en el país pertenecen a inmigrantes haitianas y se espera que el año 2020 termine con un índice de un 40 por ciento, algo que llevaría al sistema de salud a colapsar.

El funcionario hizo un llamado a la vecina nación de Haití a ser responsable con sus ciudadanos, “ellos siguen cruzando a nuestro territorio y llegando pacientes contagiados con malaria y difteria”.

Se recuerda que, a finales de septiembre, el gobierno anunció que se impediría la entrada al país de las mujeres embarazadas de más de seis meses, para evitar que se sobrecarguen los hospitales públicos.