Luis Henry Molina, como el primer día, hace énfasis en demora de justicia y necesidad de darle impulso a la seguridad jurídica
De junio de 2019 a la fecha, la Suprema Corte de Justicia falló 37,406 recursos de casación, con lo cual ha dado respuesta al tema de mora judicial que afectaba a ese poder del Estado, destacó ayer el presidente de esa entidad y del Poder Judicial, Luis Henry Molina, en la audiencia solemne con motivo del Día del Poder Judicial.
Durante su primer discurso como nuevo presidente de la Suprema, el 7 de enero de 2020, Molina enfatizó que la mora o retardo judicial era una enfermedad grave que se había vuelto crónica y amenazaba el sentido de la administración de justicia.
Al cierre del año 2023, la Suprema tenía 12 casos pendientes de fallo, cuya entrada es previa al año 2023. Lo cual equivale a un 0.1% de los 18,357 casos que en el 2020 se encontraban en esa condición. Esa alta corte a pesar de un incremento de un 40% de los casos entrados en sala, logró dar respuesta un 74% de estos, afirmó Henry Molina en su discurso.
“Actualmente, todas las Salas de la Suprema Corte de Justicia trabajan casos ingresados en el 2023, marcando un avance sustancial contra la mora judicial. La meta de este alto tribunal es no tener casos pendientes de más de seis meses”, manifestó Molina en la sala augusta de la SCJ en presencia del presidente de la República, Luis Abinader.
Señaló que la Sala Civil, la que más casos recibe, ha logrado una disminución considerable, le quedan por fallar 506 casos para lograr la meta. En tanto, la Sala Penal está a punto de alcanzarla, le faltan solo dos casos. Y la Tercera Sala, o Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Tributaria y Contencioso-Administrativa, ha reducido a 459 los casos pendientes.
Sin embargo, estos logros no son iguales a los que reflejan los tribunales a nivel nacional. Solo el 35% de las salas en todo el país no poseen trámites en mora. Es decir, que de las 706 salas que conforman los tribunales, 247 no cuentan con trámites pendientes.
Los datos del Poder Judicial refieren que los cinco departamentos judiciales que presentan mayor proporción de salas sin mora son: Barahona (54%), Monte Cristi (50%), San Juan de la Maguana (47%), Puerto Plata (38%) y San Francisco de Macorís (34%).
El Tribunal Superior Administrativo tuvo una productividad de un 95%, 22 puntos porcentuales sobre la productividad promedio de los tribunales ordinarios, al resolver al mes de julio un total de 1,693 casos que entraron al sistema antes del 2023.
En el ámbito inmobiliario, el Registro Inmobiliario recibió un total de 480,082 expedientes en el año 2023 con un tiempo promedio de respuesta de 15 días. Las oficinas de Registro de Títulos gestionaron 390,823 expedientes, mientras que las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales manejaron 90,968 expedientes.
Molina refirió que el desafío actual es que en la Justicia dominicana no haya casos que superen la duración de los plazos establecidos porque el trabajo contra la mora judicial se asemeja a la labor de los agricultores: un esfuerzo paciente y constante de sembrar y cosechar, pero enfrentar también, persistentemente, la maleza.
Señaló que la puesta en marcha de la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación ha cerrado puertas a prácticas dilatorias en la Suprema Corte, y redujo de dos años a cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
“A partir de su puesta en marcha, el precedente de esta alta corte constituye un motivo de admisibilidad para el recurso de casación, fortaleciendo la seguridad jurídica por efecto de la unificación de la jurisprudencia nacional, dotando a nuestra justicia de mayor predictibilidad y coherencia”, destacó.
Debido a la entrada en vigencia de la ley de casación, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia presentó una reducción de aproximadamente un 93% (1,756 días) en la duración de los casos.
En cuanto a la digitalización, refirió que la aplicación de la Ley sobre el uso de medios digitales, que incluye firma digital, acceso digital y audiencias virtuales, ha ampliado significativamente el acceso a la justicia en 2023, y se prevén avances sustanciales en todas las materias a nivel nacional durante este año.
“Sin embargo, actualizar la justicia va más allá de las infraestructuras y la tecnología. Debemos continuar derribando barreras de acceso. Y garantizar siempre un trato con dignidad y sin discriminación a colectivos como las mujeres víctimas de violencia, los niños, niñas y adolescentes o las personas privadas de libertad”, manifestó.
Ministerio Público y otros
En lo que se refiere a justicia penal, explicó que con la participación del Ministerio Público, la Defensa Pública, la Procuraduría y la Dirección General de Servicios Penitenciarios, han avanzado en facilitar el juicio abreviado, la mediación y la derivación a tratamiento o trabajo social, en casos de consumo de sustancias o delitos menores.
“Esto, unido al reglamento de mecanismos no adversariales de resolución de conflictos, reducirá paulatinamente los tiempos de respuesta y la congestión del sistema penal”, manifestó el juez presidente, quien explicó que actualmente un 80% de los casos penales en la República Dominicana, van a juicio, cuando a nivel internacional solo un 20% lo hace.
Señaló que para invertir esa situación y lograr que el 80% de los casos que llegan a los tribunales sean resueltos bajo acuerdo, sin tener que llegar a juicio, se necesita un cambio en la cultura judicial de nuestro país, al incorporar nuevas prácticas en todos los actores.
En 2023, los Centros de Entrevistas realizaron un total de 2,602 entrevistas. El 40% de los casos que se conocieron tenían relación con violencia, agresión, abuso y acoso sexual y 21% tenía que ver con violencia intrafamiliar, como los penales más comunes. Los casos de incesto representaron el 9% del total de entrevistas realizadas.
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